18 meses tardó la CSJ en resolver apelaciones a Jacobo Regalado, lo que derivó en que un juez decretara vencimiento de su Prisión Preventiva; MP inconforme

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) se notificó de la resolución del Juzgado Penal en Materia de Corrupción que conoce la causa VP-36-2018 denominado caso Pandora, mediante la cual declara “Con Lugar” el cambio de la medida cautelar de Prisión Preventiva al exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, favoreciéndolo con arresto domiciliario mientras hace efectiva una caución hipotecaria de un bien inmueble valorado en nueve millones de lempiras, la presentación periódica al juzgado sampedrano y la prohibición de salir del país.

En tal sentido, el Ministerio Público se pronuncia en total desacuerdo, basando su inconformidad en el hecho que a lo largo del proceso las apelaciones tardaron 18 meses en ser resueltas a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no haciéndose un cómputo de esos retrasos promovidos por la defensa del imputado, lo que derivó en que no se pudiera celebrar juicio oral y público dentro de un término de casi dos años y medio.

Sumado a ello, el vencimiento de la Prisión Preventiva tenía como fecha límite el 24 de enero de 2021, anticipándose, por tanto, el Juez Anticorrupción a resolver sobre la excarcelación en beneficio del exsecretario de Estado.

Por consiguiente, la UFERCO ya presentó ayer el respectivo Recurso de Apelación.

Como se recordará, el caso Pandora se presentó en el 2018 en contra altos funcionarios públicos y personas naturales por su presunta participación en la sustracción más de 282 millones de lempiras y por lo que se les señaló de haber cometido delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos.

Los imputados, a muchos de los cuales el Poder Judicial les otorgó sobreseimientos definitivos y cartas de libertad son: Jacobo Regalado, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Norma Keffy Montes Chandías, Velkys Rosibel Hernández, Laura Aidee Arita Palma, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Fernando Josué Suarez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y Félix Francisco Pacheco Reyes.

Los hechos imputados fueron denunciados inicialmente por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG.

Durante las investigaciones, se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282,016,175.00 lempiras.

Estos recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).

Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran: parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.

Se reitera como Ministerio Público, que se está a la espera que la Sala Constitucional de la CSJ resuelva la Acción de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado interpuesta el 13 de octubre de 2020 en contra de los sobreseimientos dados a los más de 20 imputados en el caso Pandora, para que prevalezca la legalidad.