OPERACIÓN “EMPERADOR”

108 aseguramientos en Yoro y Atlántida

Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), procedió a ejecutar 108 aseguramientos en los departamentos de Yoro y Atlántida, mediante orden judicial emitida por el Juzgado Especializado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Se trata de una Operación denominada «Emperador», con la cual se aseguran 25 bienes inmuebles, 5 sociedades mercantiles, 56 vehículos, 22 maquinarias de construcción y productos financieros que corresponde a los titulares de derechos: JOSÉ DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, MARÍA ALEXANDRA SERNA CEBALLOS (nacionalidad colombiana), JOSÉ DODANIM CHÁVEZ LÓPEZ, MILDRED YAJAIRA BANEGAS PAZ, RIGOBERTO LÓPEZ Y JANY ANTONIO ROMERO GARCÍA.

Estas investigaciones datan desde el año 2014, a partir de denuncia interpuesta en el año 2013, en donde se vincula a las personas referidas con un patrimonio que es producto de actividades ilícitas derivadas del Narcotráfico y Lavado de Activos.

En ese caso se emplea lo consignado en la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que en su artículo 11 establece la aplicación sobre bienes sin justificación económica o legal de su procedencia y que procedan de actividades ilícitas cometidas en Honduras o en el extranjero.

Dichas medidas de aseguramiento tienen por objeto preservar la disponibilidad de los bienes, a fin de evitar que en el transcurso de la investigación, los mismos puedan ser traspasados dificultando su persecución o disponibilidad, según lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Para ello, tales acciones se efectúan en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Oficina Policial de Investigaciones Financiera (OPIF) y con el apoyo de Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Nuevamente el Ministerio Público invita a la población a denunciar cualquier actividad ilícita de la que tengan conocimiento, así como a personas que mantengan nexos con el crimen organizado o delitos conexos.