Confirman Auto de Formal Procesamiento contra policías que con pruebas falsas pretendían desviar investigación preliminar por crimen de Berta Cáceres

Tegucigalpa. Francisco Morazán. En un logro más de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán confirmó el Auto de Formal Procesamiento con Prisión Preventiva decretado el 24 de noviembre de 2017 en contra de un policía activo y un exmiembro del cuerpo policial, quienes en un inicio fueron asignados a la investigación del crimen de la ambientalista Berta Isabel Cáceres y trataron de adulterar el curso de las circunstancias que rodearon el hecho.

Esta resolución del Tribunal de Alzada que le fue notificada a la Fiscalía Especial de Impugnaciones es contra el investigador de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), Juan Carlos Cruz y del expolicía Miguel Arcangel Rosales Izcano, procesados por los delitos inutilización de registros destinados a servir como medio de prueba ante autoridad competente y falsificación de documentos públicos.

Los ilícitos penales por los cuales se les acusó a Cruz y a Rosales Izcano, están relacionados con las primeras pesquisas del asesinato de Cáceres, que fueron asignadas a los detenidos y que al final resultaron falsas.

De acuerdo a la investigación dirigida por Fiscales para el Enjuiciamiento y practicadas por agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, ambos presentaron pruebas falsas para tratar de desviar las investigaciones en torno al crimen de la líder ambientalista. Una de ellas era la declaración de un supuesto Testigo Protegido y otra era una grabación que fue adulterada.

Como se recordará, luego del crimen de Cáceres el 3 de marzo de 2016, se mencionó que el móvil del crimen estaba vinculado al robo, sin embargo la investigación realizada por la ATIC descartó ese extremo, cuando el 2 de mayo de ese mismo año ejecutó la Operación “Jaguar” en la cual se efectuaron cuatro capturas, entre ellos el gerente de la empresa Desarrollo Energéticos SA (DESA), compañía a la cual se enfrentó Cáceres en defensa del río Gualcarque, donde se pretendía construir una represa.

Cabe señalar, que la investigación de ATIC fue sustentada a través de prueba técnica científica al realizar los análisis y pericias respectivas al arma con la cual se supone le quitaron la vida a la líder ambientalista, así como las relacionadas a la interceptación a comunicaciones con control jurisdiccional.

Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la ATIC, reportan la captura de nueve personas implicadas en el crimen de la ambientalista, entre autores intelectuales y materiales, todos con proceso penal vigente por el delito de Asesinato.

Se trata de Roberto David Castillo (presidente ejecutivo DESA), Sergio Ramón Rodríguez Orellana (gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez. Los últimos ochos encausados están próximos a ir a juicio.

En el caso de los expolicías a los que se les declaró “Sin Lugar” el recurso de apelación de su defensa técnica, éstos fueron capturados el 20 de noviembre de 2017 por agentes del Departamento de Operaciones Especiales, Apoyo Estratégico y Comunicaciones de la ATIC, y tras la audiencia inicial un juez con jurisdicción nacional los remitió a un centro de detención militar en Támara.