Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), logró sentencia condenatoria para cuatro policías activos acusados por detención ilegal y vejámenes en perjuicio de dos hermanos, durante el periodo de pandemia en el año 2020.

Los imputados son el subcomisario de policía, Krishna Anubis Vaquiz Bonilla, sentenciado por los delitos de detención ilegal y vejámenes; y los agentes Víctor Gabriel Valladares Saravia, Juan José Hernández Miranda y Lezman Alexis Baca Carranza, acusados por el delito de vejámenes.

En mayo del 2020, en el municipio de Campamento, Olancho, la joven Heydy Mareli Amaya Rubio solicitó a su hermano, Wilmer Roberto Amaya Rubio, que le acompañara a realizar diligencias personales ya que le tocaba circular con el dígito 3 de su cedula de identidad, por las disposiciones que en su momento emitió el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).

Cuando pasaban al frente de la jefatura municipal de Campamento, en un retén policial, los cuatro agentes detuvieron a Wilmer Roberto Amaya Rubio porque a él no le tocaba circular ese día; ante esta acción la hermana les manifestó que la andaba acompañando ya que ella no puede conducir vehículo.

Los policías bajaron por la fuerza al joven, lo esposaron y al ingresarlo a la celda lo golpearon en varias partes de su cuerpo; ante el reclamo de su hermana, los ahora sentenciados también insultaron, detuvieron ilegalmente y agredieron físicamente a la joven.

Posteriormente, los policías obligaron a los hermanos que firmaran un acta de compromiso, la cual manifestaba que iban a reparar los daños ocasionados a una ventana de la jefatura de Campamento, Olancho y se comprometían a no denunciar penal ni civilmente a los miembros de la institución policial, por lo cual los jóvenes recuperaron su libertad tres horas después.

Luego que se interpuso la denuncia, los fiscales de la FEDH inspeccionaron la jefatura, en donde se comprobó que no se registró la detención de los ofendidos y mediante evaluación médica se constató que ambos jóvenes fueron afectados física y emocionalmente.

Al desarrollarse el juicio oral y público, se les dictó sentencia condenatoria a los cuatro imputados y el Ministerio Público solicitó la suspensión del ejercicio de sus cargos en la Policía Nacional. La audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el 20 de enero en horas de la tarde en Olancho.