Tegucigalpa, Francisco Morazán. La corte de apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción declaró “No Ha Lugar” los recursos presentados por la defensa y ratificó el auto de formal procesamiento con detención judicial logrado por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) contra ocho oficiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de implantar pruebas a ciudadano y de robarle sus pertenencias.

Los policías son: Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López, acusados de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.

De acuerdo a las diligencias de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el hecho ocurrió el 12 de enero del año 2024, a las 4:40 de la madrugada. Los acusados llegaron en dos vehículos tipo pick-up sin placas hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula. De forma violenta rompieron el portón, ingresaron y se dirigieron a la habitación del ofendido, a quien llevaron a la sala para golpearlo mientras registraban la casa.

Tras agredirlo, lo interrogaron sobre el paradero del dinero, drogas, armas y bienes de valor. También le robaron dos iPhone, un Apple Watch, un arma de fuego, su cartera con documentos personales y dinero. Además, intentaron boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.

Durante más de tres horas lo retuvieron ilegalmente, llevándolo a distintos lugares en SPS. Los policías le exigieron 350 mil lempiras para liberarlo, pero al no tener el dinero, le implantaron bolsas de droga en su mochila. Finalmente, lo llevaron a las instalaciones de la DPI, donde lo amenazaron con matarlo.

En la DPI, presentaron informes falsos para acusarlo como miembro de una estructura criminal. Le implantaron cocaína, marihuana y un arma de fuego automática (tipo UZI) como evidencia. Además, lo amenazaron con remitirlo al Ministerio Público si no pagaba el dinero solicitado.