Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), presenta requerimiento fiscal contra las exjuezas del Tribunal de Setencias, Sala Tercera: Telma Aracely Cantarero Benítez, Zoila Rosa Hernández Velásquez y Ruth Anabella Cruz Zamora, acusadas de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. La acusación se relaciona con un prolongado conflicto de propiedad en la colonia Cerro Grande, en el que están involucradas una familia y una empresa urbanizadora.

Las imputaciones surgen a raíz de la presunta omisión de las exjuezas en la resolución de excepciones clave, como la falta de acción y la incompetencia, en un caso de disputa de propiedad. Además, se les acusa de haber ordenado un desalojo que, según las investigaciones, se ejecutó de manera irregular, afectando los derechos de numerosas familias.

De acuerdo con las indagaciones del MP, el conflicto se originó cuando la defensa de la familia afectada presentó excepciones de falta de acción y nulidad de actuaciones, argumentando que los tribunales civiles debían resolver la disputa sobre el derecho de propiedad. Entre las pruebas presentadas se incluye una sentencia de casación de 2004 que reconocía los derechos de la familia sobre los terrenos.

A pesar de estas excepciones no resueltas, en 2010 el tribunal integrado por las exjuezas ordenó el desalojo de las propiedades en disputa. Este desalojo, ejecutado el 3 de julio de ese año en las zonas de Cerro Grande y El Chile, resultó en la demolición de viviendas, cercos y otras construcciones, y en el desplazamiento forzado de las familias que habitaban en dichos terrenos.

Posteriormente, en 2012, el caso fue asignado a un nuevo tribunal debido a una serie de recusaciones. Este nuevo tribunal determinó que se había vulnerado el derecho de defensa de los afectados, ya que las excepciones interpuestas dentro del plazo legal no fueron atendidas oportunamente. Finalmente, el 21 de septiembre de 2012, dicho tribunal resolvió a favor de las excepciones de falta de acción e incompetencia, declarando que la disputa debía ser tratada en el ámbito civil