Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Un funcionario público del Instituto Nacional Agrario (INA), del departamento de Comayagua recibió auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión por supuestamente cometer tres delitos en perjuicio de la administración pública.

El imputado es Diego Ernesto Cornejo Rodríguez, quien se desempeña como técnico de Catastro del INA, a quien se le supone responsable de los delitos de falsificación de documentos públicos y privados, violación de los deberes de los funcionarios y falso testimonio en perjuicio del Estado.

La Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural (FEP-ETNIAS/PC), inició la investigación a raíz de la denuncia que interpusieron los miembros de la comunidad Indígena Lenca de Santiago de Puringla, La Paz, y el señor claros Portillo, quienes fueron afectados por un dictamen técnico que emitió Diego Cornejo a favor de la Compañía Eléctrica Centro Americana (CECA).

Según las investigaciones, el apoderado legal de esta compañía solicitó que se realizara calculo y delimitación de un predio que se encuentra ubicado en la Aldea Gualazara, municipio de Santiago de Puringla; en la inspección de campo se hizo acompañar solo de los peticionarios, y estableció en el informe que el señor Claros Portillo vendió una fracción de terreno a la compañía CECA.

El hoy imputado, en calidad de funcionario público y técnico catastral del INA, emitió en su dictamen aseveraciones falsas ya que las partes involucradas sostienen un litigio en los Juzgados de lo Civil de La Paz, en donde el informe elaborado y ratificado por el imputado fue presentado como medio de prueba por la parte demandante, siendo el resultado una resolución desfavorable para los dueños de estos predios que son la familia Portillo Rodríguez.

En ese sentido, la FEP-ETNIAS/PC constató que efectivamente los predios se encuentran a nombre del señor Claros Portillo, propiedad que fue otorgada por el INA mediante titulación de propiedad, por lo cual el imputado actuó con dolo para favorecer a la empresa que quiere apoderarse ilegalmente de ese terreno.