Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Sección de Muerte de Mujeres adscrita a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentará en las próximas horas un recurso de apelación ante la resolución judicial que dictó el juzgado de letras de Siguatepeque a favor del ingeniero civil, Jair Rigoberto Euceda López, quien está acusado por suponerlo responsable del delito de femicidio en perjuicio de su pareja Lesby Gisela Márquez Perdomo, quien era profesora.

En esta causa, el juez competente le impuso auto de formal procesamiento con la medida distinta a la prisión preventiva, ya que el encausado ofreció caución hipotecaria, la cual fue aceptada, consistente en una propiedad valorada aproximadamente en un millón ochocientos mil lempiras; igualmente, detalló que el imputado esta anuente en el proceso, y con ello se defenderá en libertad.

En ese sentido, el Ministerio Público está en total desacuerdo ya que el delito penal es grave y no hay consideración en los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, por ende, el ente fiscal considera oportuno que le dicten la medida de prisión preventiva en base al artículo 178, numeral 1 que establece el peligro de fuga; además el imputado pueda atentar o ejecutar actos de represaría contra la familia de la víctima o denunciante.

De acuerdo a las diligencias realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se determina que el 22 de abril de 2019 el presunto femicida recorrió las ciudades de El Progreso, Siguatepeque hasta Jesús de Otoro, donde dejó el cuerpo sin vida de su pareja en un botadero de basura de la comunidad de El Chorrito, a la altura del kilómetro 10, posteriormente, huyó con dirección a la carretera al norte.

La captura del encausado la ejecutaron agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC el sábado 11 de mayo, a la altura de la carretera CA-13 en El Progreso, Yoro.

La decisión de presentar un segundo recurso de apelación obedece a la obligación del MP de agotar todas las instancias judiciales a fin que en representación de los intereses generales de la sociedad no queden en la impunidad.