La Ceiba. – La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), ha obtenido una sentencia condenatoria contra tres policías por la brutal golpiza propinada al entonces analista del Ministerio Público, Elton Joel Banegas, en un incidente ocurrido en 2015. Tras un largo proceso judicial, las autoridades han logrado sentar un precedente al obtener justicia en favor de Banegas, quien fue víctima de abuso de poder por parte de los elementos policiales.

La noche del 01 de marzo de 2015, Banegas, quien había salido a la conocida “zona viva” de La Ceiba para disfrutar de un par de horas de recreación, fue detenido por policías que realizaban labores de patrullaje.

Los agentes, argumentando que Banegas no portaba su licencia de conducir y se había negado a una prueba de alcoholemia, lo esposaron y trasladaron a la Unidad Departamental. Una vez en la celda, fue sometido y golpeado por los uniformados.

Según consta en los testimonios recabados, Banegas fue tirado al suelo, golpeado y encarcelado sin motivo legítimo. Tras el ataque, Banegas denunció a sus agresores, mencionando además haber sido amenazado de muerte. El Ministerio Público inició de inmediato una investigación y presentó acciones legales contra los responsables, identificados como Héctor Emilio Orellana Rivera, Emil Ramón Rosales Carranza y Juan Blas Antonino Rosales Ávila.

El proceso penal, iniciado en 2015, ha concluido en septiembre de 2024, con la sentencia de estricta conformidad para los tres policías. Héctor Emilio Orellana Rivera fue condenado por vejámenes en concurso ideal con abuso de autoridad en el año 2020, con una pena de tres años y nueve meses de prisión.

Mientras que, Emil Ramón Rosales Carranza fue condenado en el año 2021, con la misma pena por el delito de abuso de autoridad en concurso ideal con vejaciones en perjuicio de Elton Joel Banegas.

Finalmente, el 30 de agosto de 2024, el entonces funcionario policial, Juan Blas Antonino Rosales Ávila, fue condenado por detención ilegal en concurso ideal con abuso de autoridad, también a tres años y nueve meses de cárcel, cerrando así el caso.

Este fallo representa una victoria para los derechos humanos y una señal de que los abusos policiales, o de cualquier autoridad, no quedarán impunes en el país.