Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) informa a la población que este 11 de septiembre de 2024 inicia el juicio oral y público para cinco ciudadanos vinculados con el denominado proyecto “PRAF- Salud”.

Los acusados son: José Alfredo Sarmiento Zelaya, por 106 delitos de falsificación de documentos públicos de forma ideológica y fraude, quien se desempeñaba como coordinador del proyecto PRAF-Salud; Raúl Barnica Solórzano, por 29 delitos de falsificación de documentos públicos de forma ideológica y fraude, en su calidad de Secretario General de la Secretaría de Salud.

Además de, José Cristóbal Breve Juárez, acusado de 123 delitos de fraude, siendo en ese momento gerente general del Banco Central de Honduras (BCH), sucursal San Pedro Sula; Roger Efraín Varela Juárez y Luis Fernando Varela Moncada, por suponerlos responsables de 123 delitos de falsificación de documentos públicos de forma ideológica y estafa, quienes supuestamente participaron en la alteración y cobro de cheques en complicidad con el gerente del Banco Central en SPS.

Desde el año 2008, esta fiscalía especial realizó investigaciones en virtud de denuncias de las entonces autoridades de Salud e informes de auditorías practicadas al denominado proyecto “PRAF- SALUD”, mismo que se ejecutó primando la contratación de personal para diferentes hospitales públicos del país.

Según las investigaciones, se pudo constatar que las planillas de dicho programa fueron triplicadas teniendo entre sus filas personas que nunca laboraron para esta dependencia del Estado, no obstante, se libraron cheques por concepto de pagos por prestación de servicios. Es importante mencionar que para efecto de cumplir con el pago de estos contratos se abrieron cuentas en el BCH y entre las firmas autorizadas para tal fin aparecían las del exsecretario general de Salud.

Por estos hechos, el exsecretario general de la Secretaría de Salud, Raúl Barnica Solórzano Barnica y otros exservidores públicos en su momento fueron condenados por la comisión de delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, no obstante, su defensa interpuso recurso de casación mismos que fueron declarados con lugar.