Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) logró la condena de tres implicados en el caso denominado “Fraude sobre Gualcarque”, causa que se relaciona con la lucha que libró la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores.

En este caso se condenó a Roberto David Castillo Mejía y Carolina Lizeth Castillo Argueta por el delito de fraude, además de Raúl Pineda Pineda (exalcalde de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara) por los delitos de falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.

Dentro de esta misma causa que data del 4 de marzo de 2019, también figura Roberto Aníbal Martínez Lozano acusado por fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, Luis Eduardo Espinoza Mejía y José Mario Carbajal Flores por tres delitos de violación a los deberes de los funcionarios y uno de fraude; quienes fueron absueltos.

La audiencia de individualización de la pena se agendó para el próximo 24 de mayo, por lo que la UFERCO estará a la espera del momento procesal oportuno para hacer uso de los recursos pertinentes.

La investigación fue conducida por la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) y contó con la colaboración activa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y el apoyo de las Fiscalías Especiales de Etnias y Medio Ambiente.

En el juicio se demostró que los seis acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que una empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque que se celebró con la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), así como el contrato de suministro y potencia de energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las investigaciones de las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento, permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena Lenca.

Entre las anomalías, se establece que el presidente de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), Roberto David Castillo (también procesado por la muerte de Berta Cáceres) ejercía un cargo en la empresa desarrolladora y al mismo tiempo en la ENEE, lo que le dio la oportunidad de asistir a las diversas sesiones de la junta directiva de la estatal eléctrica en calidad de invitado. En las reuniones se discutieron y aprobaron los contratos con su empresa, eminentemente había un conflicto de intereses, lo que permitió y dejó pasar el exgerente de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano.