San Pedro Sula, Cortés. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), de la Fiscalía Regional del Norte, logró sentencia condenatoria contra individuos vinculados al “cobro del impuesto de guerra” a negocios y al rubro del transporte en la zona Metropolitana del Valle de Sula.

Una de las sentencias condenatoria es contra Francisco Serrano Flores a quien en audiencia de estricta conformidad se le impuso una pena de 15 años de reclusión más el pago de una multa de 10 mil lempiras como responsable del delito de extorsión.

Otra de las personas ligadas al delito de extorsión y a quien se le impuso una pena de 15 años de reclusión más el pago de una multa de dos millones con 500 mil lempiras fue Rafael Juárez Zelaya.

El ahora sentenciado tenía su radio de operaciones en la ciudad de El Progreso, Yoro, donde intimidaba a sus víctimas en el sentido que, de no hacer efectivo el pago del “Impuesto de guerra”, lo que les esperaba era la muerte junto con toda la familia.

El sentenciando fue capturado durante una operación el 25 de mayo de 2022 por la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) justo en el momento que recibía dinero producto de los hechos delictivos que dirigía.

Los agentes de tribunales del Ministerio Público también dieron a conocer la solicitud presentada para condenar a la pena de 25 años de reclusión a Cristhian Alberto Aguilar Jerezano como responsable de los delitos de extorsión continuada y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.

Cristhian Alberto Aguilar fue capturado el 6 julio de 2019 en la colonia La Primavera en Choloma, Cortés.

La FESCCO, también dio a conocer sobre la detención judicial contra Luis Antonio Ramos Canales sospechoso del delito de extorsión mientras que, el equipo fiscal fue notificado sobre la sentencia condenatoria contra Javier Oliver Perdomo por extorsión.

Por otra parte, Nelson David Castillo acusado como sospechoso del delito de extorsión va continuar recluido en el Centro Penal, luego que su apoderado legal presentara una solicitud de cambio de medida, pero se le denegó al considerar que dilató durante un año el proceso contra su defendido.