Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Sección Antidrogas de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo en juicio oral y público una sentencia condenatoria en el proceso que se sigue a 10 personas detenidas hace dos años en posesión de 50 kilos de cocaína en Tocoa, Colón.

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sentenciados, son: Oscar Rolando Casco Banegas, Henry Antonio Murillo Olivera, Rosell Obed Alfaro Joaquín, Erick Eusebio Sauceda Alonso, Kevin Ariel Gonzáles Chávez y Adín Noel Morales Zelaya.

Asimismo, los civiles Fanny Danelia Avilés Díaz, Luis Reynaldo López Guzmán, Cristhian Orlando Gutiérrez Montes y Jorge Francisco Hernández Roque.

En total, este caso implica a 15 personas, seis policías y nueve civiles, de los cuales ya fueron condenados en procedimiento abreviado Barnie Daren Norman Dilbert, Jorge Alejandro Melgar Durán, Ramón Darío Ramos García, Manuel Onofre Pineda Castro y Rafael Turcios Méndez.

Según la relación de hechos probados, detectives de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), empleando técnicas especiales de investigación, descubrieron a inicios de noviembre de 2021 que en la colonia San Isidro del municipio de Tocoa, se escondía un cargamento de drogas y al efectuar el allanamiento de domicilio se encontraron 50 kilos de cocaína, 14 teléfonos móviles, cuatro pistolas, cinco cargadores, un fusil y cinco vehículos.

De los policías aprehendidos dentro la vivienda se pudo establecer que, o estaban libre de labores, o no andaban uniformados, o no portaban identificación, o no tenían asignaciones en la zona.

Se determinó que se trataba de un quite de drogas y que los mismos están vinculados a la estructura criminal de Misael Reyes Torres, condenado por narcotráfico, así como con el expolicía Héctor Urbina Martínez, también sentenciado.

Para demostrar los indicios de participación de todos los involucrados en la causa, el Ministerio Público recabó casi 40 medios probatorios (cinco periciales, tres testificales y 30 documentales) que incluyen pruebas químico-toxicológicas practicadas al estupefaciente incautado, extracción y análisis de data de dispositivos electrónicos decomisados, video forense, inspección técnica vehicular, historial de récord policial disciplinario, denuncias anteriores proporcionadas por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), dictámenes balísticos forenses y además informes de investigación y vinculación elaborados por los detectives de la DLCN que trabajaron el caso desde el momento que comenzaron vigilancias hasta el levantamiento de actas de allanamiento, registros personales y de hallazgos inevitables.

Con ello, se acredita el delito de tráfico de drogas agravado en contra de los 15 imputados y el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso comercial en contra del policía Oscar Rolando Casco Banegas.

Además, se demuestran operaciones de narcotráfico en el litoral atlántico, cuya droga provenía de Colombia y era trasladada hasta Guatemala.