Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Funcionarios del sistema de justicia, entre ellos, 12 fiscales asignados a diferentes fiscalías del país, completaron con éxito un programa de capacitación de tres meses con el “Certificado en resolución ancestral de conflictos, quejas y disputas de los pueblos indígenas y afro hondureños”.

En total fueron 31 funcionarios, entre fiscales (incluyendo jefes, subjefes de fiscalías), jueces de letras, jueces de sentencias, inspectores de trabajo, procuradores de trabajo, representantes de instituciones de sociedad civil que velan por el cumplimiento de la justicia, funcionarios (as) de organismo de cooperación internacional y funcionarios de instituciones gubernamentales que velan por la protección de los DDHH, quienes culminaron con éxito el certificado.

El Ministerio contó entre los participantes con fiscales de Tegucigalpa, Danlí, La Paz, La Entrada Copán, Juticalpa, Catacamas y La Esperanza. Durante 3 meses, por medio de clases virtuales de manera semanal, se trataron diferentes temas y se espera la aplicabilidad del contenido de una sistematización de las diferentes prácticas de resolución ancestral de conflictos, quejas y disputas de pueblos indígenas y afro hondureños.

Para la evaluación final del proceso formativo se contó con la participación de la fiscal jefe de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, Jany Del Cid, quien orientó a los participantes a identificar y seleccionar un caso relacionado a “conflictos ancestrales de pueblos indígenas y afro hondureños” el cual analizaron e identificaron, dando propuestas para resolverlo de la mejor manera con base en la aplicación de los conocimientos adquiridos.

Como resultado, se generó un compendio de casos prácticos con sus resoluciones basadas en buenas prácticas y respetuosos con los derechos de los Pueblos Indígenas en materia de pluralismo jurídico.
Esta sistematización ha sido realizada desde el año 2018 por el PNUD, con la participación y validación de autoridades indígenas locales, y la colaboración de la Fiscalía Especial de Protección a las Etnias y Patrimonio Cultural, y es un documento de consulta, análisis y referencia acerca de las prácticas de aplicación de justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas y afro hondureños, especialmente Pech, Garífuna, Tawahka y Miskitu.

El certificado fue desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad para la Paz (UPAZ) en el marco del proyecto «Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y la Auditoría Social en la Moskitia», financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el PNUD.