Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) obtuvo este jueves sentencia condenatoria en contra del empresario Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario en la Secretaría de Salud.

El encausado se sometió a un procedimiento abreviado en el que aceptó haber sido parte de una red de corrupción a lo interno de esa cartera ministerial, caso en el que también se acusó a la exministra de Salud, Edna Yolany Batres Cruz, a la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Díaz, al exadministrador de la Dirección del Marco Normativo, Benelio Alvarado Membreño, a la excoordinadora de la Unidad de Información, Lolita Vanessa Cordero y a los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya.

En relación a Figueroa Fúnez su proceso va a juicio oral y público, mientras que el expediente contra los otros cinco imputados se encuentra a la espera de fallo de un recurso de amparo interpuesto por la defensa ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los siete señalados, según lo indagado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre marzo y septiembre de 2014, defraudaron al Estado por más de 7.8 millones de lempiras (L.7,885,450.00), mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.

Conforme a las diligencias, se comprobó que estas contrataciones se dieron en total violación a la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, con procesos directos que buscaron favorecer a personas naturales y empresas de maletín y en los que se incorporó información falsa en torno a empresas que nunca participaron como oferentes, tratando de dar una apariencia que habían cotizado varias empresas a fin de obtener la oferta más favorable a la administración pública, simulación que fue descubierta por el Ministerio Público.

Al final, tras la colusión y contubernio entre los exfuncionarios de la Secretaría de Salud y los tres empresarios acusados, las empresas que resultaron beneficiadas fueron: ORBIT Tecnology, Tecnología e Informática, Sat Media y Telesat, así como una persona natural, determinándose además que el software nunca fue entregado y la sobrevaloración del mismo es de un 90 por ciento aproximadamente.

En razón de ello, la acusación de la UNAF contra Edna Yolany Batres Cruz, Gladys Hermelinda Paz Díaz y Benelio Alvarado Membreño es por nueve delitos de fraude y nueve delitos de violación de los deberes de los funcionarios, contra Lolita Vanessa Cordero por ocho delitos de fraude como cooperadora necesaria y ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios como autora, contra Héctor Rolando Figueroa por nueve delitos de fraude como cooperador necesario, contra Luis Gerardo Zelaya por cinco delitos de fraude como cooperador necesario y contra Cristian Adolfo Sánchez por un delito de fraude como cooperador necesario.

La pena concreta contra éste último, ahora condenado, se notificará en los próximos tres días, no obstante, el Ministerio Público solicitó una reclusión de tres años nueve meses, una multa de 712 mil 300 lempiras y la inhabilitación por el doble de la prisión.