Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público, como garante de los derechos de la sociedad, presentó en las últimas horas un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por un juez de privación de dominio que ordenó, sin fundamento jurídico, la devolución de 157 bienes incautados en el marco de la Operación Caudillo a personas que no tienen como probar el legal origen de más de tres mil millones de lempiras.

A criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión, primera en la historia de la aplicación del derecho en Honduras, desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93-2021 en materia penal por lavado de activos, a la esfera de los procesos de privación.

De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada.

De manera que, se resolvió la devolución de 25 bienes inmuebles, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería. En tal sentido, además de la impugnación ya presentada, el Ministerio Público ha procedido a interponer formal denuncia contra el referido juez de privación dominio, tanto ante la Supervisión General del Poder Judicial como ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).