Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos (FCDT-C), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Kevin Adonis Cuestas por haber cometido el delito de contrabando en perjuicio de la administración pública; en ese sentido, se le ha impuesto una pena de cuatro años de prisión.

Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por la fiscalía; Cuestas retiró una mercadería, que ingresó a nombre de una empresa logística para la que laboraba, mercadería que se encontraba en la Zona Libre Río Blanco, departamento de Cortés, la mercadería de referencia por encontrarse en los predios de la Zona Libre está exenta de pagar los impuestos respectivos por su introducción al país.

Según el informe de la Dirección de Investigación e Inteligencia (DNII) de la Policía Nacional, la causa penal en contra de Kevin Adonis Cuestas se originó por la denuncia interpuesta por una empresa que se dedicaba a importar ruedas para trocos industriales y a quienes se les acreditaba el haber introducido mercadería sin pagar los aranceles que la ley les obliga, según documentación que fue revisada y analizada por las autoridades aduaneras, no obstante la representación legal de la empresa denunciante probó no haber estado vinculada al procedimiento de importación irregular.

En el transcurso de las investigaciones, una vez que la sección de Aduanas mostró a la empresa las guías de transporte a su nombre y éstos alegaron que no pertenecían a ellos; los fiscales comprobaron que dicha empresa en ningún momento habían importado tal mercadería y que utilizaron su nombre para ingresar el producto; hecho que derivó en una investigación que comprendió los años 2013 y 2014 y que reflejó que Kevin Adonis Cuestas hizo el trámite aduanero ya que su agencia logística se encargaba de la consolidación y entrega de mercancías para varios clientes, entre ellos la empresa que formalizó la denuncia.

Una vez realizada la auditoría forense, se descubrió que la mercadería que ingresó por contrabando tenía un valor de L. 519, 079.23, por lo que Cuestas, además de la sentencia dictada (cuatro años de prisión), tiene que cancelar al Estado de Honduras la cantidad de L 1,038,158.46, que equivalen al doble del monto introducido de manera ilegal.

Cabe destacar que Cuestas aceptó los hechos, por lo que el Tribunal de Sentencia tuvo a bien aplicar una estricta conformidad tal y como lo indica el artículo 322, del Código Procesal Penal vigente. En este proceso penal se encuentran judicializadas cinco personas más, tres de ellas funcionarios de aduanas y dos que laboraban para una agencia aduanera en virtud de existir indicios racionales de la comisión de delitos y de colusión entre los imputados para defraudar el patrimonio económico del Estado de Honduras.