Tegucigalpa, Francisco Morazán. Un juez de letras de jurisdicción nacional, mediante una resolución enviada a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ordenó la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa, que significa que se deberá enviar toda la documentación al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de un caso por supuesta corrupción y supuesto lavado de activos que involucra a políticos y altos funcionarios de la administración 2010 – 2014.

En el escrito del que se notificó a la UFERCO, el juez resuelve que el TSC realice una auditoría de investigación especial, aun y cuando el MP ya efectuó distintas diligencias, incluso con la conclusión de la auditoria forense, en la que se encontró el desvío de más de 30 millones de lempiras drenados de la Secretaría de Infraestructura y Servicio Públicos (INSEP) y el Fondo Vial en el año 2013.

Dicha suma millonaria, de acuerdo a la investigación efectuada fue utilizada para el financiamiento de campañas políticas.

Esta decisión judicial causa sorpresa al ordenar que la investigación en poder de la UFERCO sea remitida al TSC, ente meramente administrativo, cuya atribución esinformar a la Fiscalía hallazgos donde pudiera existir algún tipo de responsabilidad penal situación que no aplica a este caso; además no cuenta con las competencias para elaborar una auditoria forense.

El juez basó su resolución en el decreto 116-2019 contentivo del la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales en el Congreso Nacional, del cual se ha venido solicitando al Poder Legislativo su derogación.

Tal decreto conocido como Fondo Departamental, fue invocado en la presente causa por el apoderado legal de uno los investigados, para que declarara la aplicación del principio de prejudicialidad administrativa, situación que causa extrañeza a la UFERCO, porque el funcionario judicial resolvió sin audiencia previa, violentando los principios que rige el sistema acusatorio.

Ante esta decisión, la UFERCO hará uso del de los recursos correspondientes, además de enviar una alerta de preocupación por estas actuaciones judiciales mismas que abren una brecha de impunidad al no permitir ni siquiera presentar el caso ante los órganos competentes.