Tegucigalpa, Francisco Morazán.  Fiscales de Protección a los Derechos Humanos en atención a una orden judicial  y con el acompañamiento de un juez ejecutor designado por el Juzgado de Letras de lo Penal, Sección Judicial de Tegucigalpa procedieron al secuestro de varios libros de control policial designados a la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) Número 14 del Municipio de Sabana Grande, la acción es parte de las diligencias de investigación que realiza esta dependencia del Ministerio Público con motivo de la existencia de una denuncia en contra de efectivos policiales de la zona.

Los agentes de tribunales en el marco de sus competencias y facultades y amparados en Derecho, de forma reiterada y con anterioridad solicitaron a los responsables de la UMEP poner a disposición los libros en referencia, no obstante, lo que se produjo fue una evidente obstaculización de las labores fiscales al no permitírseles el decomiso de tales documentos y negarse la comisaria Gabriela Castro, a recibir la solicitud de decomiso oficial presentada por el ente fiscal, violentando con ello, lo dispuesto en el artículo 217 del Código Procesal Penal el cual literalmente señala “Quien tenga en su poder objetos documentos de los señalados en el párrafo anterior, deberán presentarlos y entregarlos al sólo requerimiento del Ministerio Público y en su defecto de la autoridad policial o del órgano jurisdiccional competente, si los bienes mencionados no son entregados, se dispondrá su secuestro y se le seguirá juicio por el delito de desobediencia al responsable».

Por los antecedentes indicados, fue preciso impulsar las acciones conducentes al secuestro de documentos, por ello, el mismo se produjo en el marco de la operación “POSEIDÓN VI” puesto que también la oficial responsable de la UMEP destacó haber recibido instrucciones por parte de autoridades superiores de la Dirección General de la Policía Nacional de no hacer efectiva la colaboración al Ministerio Público en los temas de Inspección y decomiso de los libros de cada Posta Policial o Unidad Metropolitana, instrucciones que, según los fiscales de protección a los Derechos Humanos nunca fueron documentadas por escrito y que de existir vulneran el principio de legalidad.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos lamenta la no colaboración en el proceso de investigación preliminar de la denuncia que se tramita, pero, además, a la población en general le recuerda que es obligación de autoridades civiles, militares y policiales colaborar con el Ministerio Público en los procesos de investigación de los hechos denunciados ante esta institución, quienes obstaculizan dichos procesos pueden ser sujetos de procesos penales en su contra de conformidad con la legislación penal vigente existiendo ya antecedentes del impulso procesal de expedientes por situaciones similares.