Tocoa. – La Fiscalía Regional de Bajo Aguán (FRBA), ha registrado un total de nueve fallos condenatorios por diversos delitos, mediante la figura desjudicializadora del procedimiento abreviado.

En la primera de las causas, la Fiscalía de Tocoa, logró condena contra Santos Rafael Gonzales Sauceda por el delito de robo con violencia e intimidación y daños en concurso real en perjuicio de María Ventura y Deider Gómez. Se impuso la pena de tres años, cuatro meses y 15 días de prisión.

Igualmente, en proceso abreviado se condenó a Angélica María Alvarado Castillo por el delito de tráfico de drogas. Se le impuso la pena de tres años de prisión, más penas accesorias.

Además, se condenó a Dionis Jariel Elvir Turcios por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la pública. Se impuso la pena de nueve meses de cárcel, más las penas accesorias.

También, se condenó a Alan Javier Padilla Ortiz por el delito de tráfico de drogas, por lo cual se le impuso la pena de tres años de prisión, más las penas accesorias.

En otro fallo, se condenó a Francis Uriel Reyes Reyes, por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio del orden público. Se impuso la pena de tres años de prisión, más penas accesorias.

También, condenan a Marco Antonio Pérez Bonilla por el delito de porte ilegal de arma de fuego permitido y atentado incrementado. Se le impuso una pena de tres años, nueve meses de prisión, más las accesorias.

La Fiscalía Local de Trujillo, obtuvo fallo condenatorio contra Eleonora Alvarenga Matute, por tráfico ilícito de droga. Se solicitó una pena de dos años con ocho meses de prisión, más las penas accesorias.

La Fiscalía de Olanchito, por su parte, obtuvo sentencia condenatoria, siempre en proceso abreviado, contra Claudia Waleska Espinoza Almendarez por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública. Se estableció pena de tres años de reclusión y 75 días de multa.

Así mismo, se decretó sentencia condenatoria contra Carlos Roberto Ulloa Lanza por el delito de porte ilegal de arma de fuego permitido. Pena de tres años de prisión y localización permanente de seis meses y la responsabilidad civil que en derecho corresponda.