Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) se notificó hace unas horas de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que admitió con suspensión del acto reclamado una acción de amparo a favor del ex Secretario de Estado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes, acusado por presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del COVID-19.

De esta manera, mientras los magistrados resuelvan el recurso, el proceso penal contra Rubí Paredes queda aplazado y abre la posibilidad que se le beneficie con cartas de libertad, dejando únicamente vigente las imputaciones contra el ex subcomisionado de COPECO, Gustavo Adolfo Cruz Gómez, por fraude y violación a los deberes de los funcionarios, así como contra la ex Directora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación, Arlette Magaly Montero Rodríguez y el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra, por fraude a título de cooperadores necesarios.

De acuerdo a las diligencias coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, gestionaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.

La obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos que buscan eficiencia y transparencia que brinden mejores condiciones de costo y calidad.

La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento de anticipo sin cumplir con todos los requisitos antes del inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacía las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.

Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la misma.

Cabe señalar, que en el caso de los imputados Gustavo Adolfo Cruz Gómez, Arlette Magaly Montero Rodríguez y Fernando Sierra, próximamente se señalará la audiencia de proposición de pruebas en el tribunal de sentencia del circuito anticorrupción, en cambio, Cristian Elías Santeli, exadministrador de COPECO, aún se encuentra prófugo de la justicia a los señalamientos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios en el presente expediente.