Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) se notificó de la resolución de la Corte de Apelaciones Designada que confirma el auto de formal procesamiento en contra de siete personas señaladas en el caso “Red de Diputados”, quienes presuntamente se apropiaron ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales que fueron desviados para uso personal.

Los procesados son los exdiputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Ascencio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia y los particulares Jeremías Castro Andrade y Geovanny Castellanos Deras. Un octavo involucrado era José Napoleón Panchamé Banegas que falleció en el año 2018.

De acuerdo a las diligencias, los diputados y la diputada se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional, caso que investigó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora UFERCO, con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y que se judicializó por el delito de malversación de caudales públicos y cuyo auto de formal procesamiento se mantuvo por la malversación contra seis de los sietes imputados y únicamente se modificó la calificación del delito de apropiación indebida a Geovanny Castellanos Deras.

Los congresistas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados. Los legisladores implicados habrían recibido 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES E INDUSTRIALES DE BARRIOS Y COLONIAS DE HONDURAS (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3,300,000.00 el 14 y 21 de diciembre de 2015. En total se trasladó a dicha ONG L. 8,300,000.00 incluyendo fondos del Congreso.

El Ministerio Público siguió la ruta del dinero y se comprobó que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos.

La estructura de la red de diputados involucrados incluyó la participación de otras personas, siendo Jeremías Castro Andrade, Tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, Director Ejecutivo de la ONG y Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

La medida cautelar que impuso el juez natural a los siete procesados de arresto domiciliario fue revocada por la Corte de Apelaciones Designada que resolvió decretar medidas de no salir del país y firmar en los juzgados cada 15 días.