Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) ha finalizado la audiencia de proposición de pruebas en la causa que se sigue a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón por su supuesta responsabilidad en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

El tribunal de sentencia anticorrupción admitió 30 sustanciales y contundentes medios probatorios con los que se buscara una sentencia condenatoria en el juicio oral y público que dará inicio el 11 de enero de 2023.

Contra ambos imputados, quienes se encuentran recluidos, el Ministerio Público formalizó acusación en una audiencia preliminar realizada el pasado 27 de octubre, luego que el 29 de septiembre anterior la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le diera la razón a la Fiscalía en el sentido de revocar las medidas sustitutivas a Moraes Girón y a otros cuatro involucrados actualmente prófugos (el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza y las representantes legales de Germar Ferretería,Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández).

La declaratoria de culpabilidad que en debate se pretende conseguir contra el exdirector de INVEST-H y su ex administrador es por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; otro implicado en el caso el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero (prófugo de la justicia con alerta roja internacional).

De acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).