Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Operación Némesis X ha comenzado a nivel nacional y uno de los casos judicializados por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) es en contra de los exministros de la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich (periodo 2013-2017) y Roberto Antonio Pineda Rodríguez (periodo 2017-2022) por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad.

Los exfuncionarios acusados, de acuerdo a las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se negaron abiertamente a darle cumplimiento a un mandato emanado por un órgano jurisdiccional y de forma arbitraria impusieron su criterio por encima de sentencias que fueron ratificadas en segunda instancia por una corte de apelaciones y que a lo largo de los años causaron un perjuicio económico millonario al Estado por concepto de pago de demandas en materia contencioso administrativo.

Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), siempre por presuntos irregularidades en la antigua INSEP, da seguimiento a una línea de investigación por la supuesta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Los hechos que se averiguan tienen que ver con la sustracción de fondos a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas, cuyo desfalco a las arcas estatales sería multimillonario.

Además, dos requerimientos fiscales por falsificación de documentos públicos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) en el 2018 interpone la FETCCOP ante los juzgados sampedranos; al tiempo que otra acción penal se presenta en Tegucigalpa por supuesta malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza en el 2013.

Asimismo, en la Operación Némesis X, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC continúan realizando diligencias en torno a la línea de investigación que se sigue por el manejo de cinco millonarios fideicomisos suscritos en la administración anterior entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y varias instituciones públicas, por lo que se llevó a cabo toma de declaraciones y decomiso de documentación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) en Catacamas, Olancho.

Según la información del Ministerio Público, personeros de ambas entidades, durante los años 2016 y 2017, integraron un comité del fideicomiso con el que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) gestionó y operó fincas confiscadas y en cuya tutela se presume posibles delitos de fraude, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos.

Otros causas de Némesis X se entablan por delitos en perjuicio de grupos sociales vulnerables; solo la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) presentará esta vez 72 requerimientos fiscales por violencia de género acontecida en la ciudad capital.

Al final, con el concurso de todas las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la ATIC, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y otras entes de seguridad y de índole administrativo, el Ministerio Público pretende concretar acciones contundentes en contra del delito en sus diferentes manifestaciones, producto de la ejecución de una gran cantidad de allanamientos, inspecciones, registros, decomisos, órdenes de captura, detenciones infragantis y acusaciones por criminalidad organizada e incidencia común.