Tegucigalpa. Francisco Morazán. Para las 9:30 de la mañana de este jueves está señalada la audiencia preliminar en la causa instruida a Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, contra quien el Ministerio Público formalizará acusación y solicitará auto de apertura a juicio por su supuesta responsabilidad en la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).

Ambos imputados se encuentran recluidos, luego que el pasado 29 de septiembre la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción le diera la razón a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en el sentido de revocar las medidas sustitutivas a Moraes Girón y a otros cuatro involucrados actualmente prófugos (el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza y las representantes legales de Germar Ferretería,  Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández).

La condena que en juicio oral y público se pretende obtener contra el exdirector de INVEST-H y su ex administrador es por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios; otro implicado en el caso el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero (prófugo de la justicia con alerta roja internacional).

De acuerdo a lo que establece el requerimiento fiscal, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).