MP logra Prisión Preventiva contra involucrados en caso del Colegio de Abogados de Honduras

Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Fiscalía Especial Contra Delitos Comunes, a través de su Unidad de Casos de Alto Impacto y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), lograron en Audiencia Inicial un Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en contra de nueve implicados en el desfalco del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), entre ellos su expresidente

Ovin Antonio Mejía Santos, procesado por 191 delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública, de forma respectiva.

Además la medida abarca al exgerente del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, Josúe Argeñal Cerrato con proceso por 233 delitos de de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública. Esta persona ya tiene una pena por otros delitos relacionados a corrupción.

En el caso de Pastor Eliud Valladares se le sigue proceso por 109 delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública.

A Oscar Reynaldo Casco se le procesó por 3 delitos de de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y por 53 delitos de Falsificación de Documentos Privados, mientras que a Francisco Arnulfo Valladares por 19 delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados.

En tanto, Héctor Rodolfo Andino se le supone responsable de 6 delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados, y a Rossel Antonio Euraiqe Lopez por 29 de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados.

Asimismo, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco fue procesado 3 delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública y finalmente a Roberto Andrés Romero por 7 delitos de de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados.

Cabe señalar, que este expediente además involucraba al recién fallecido y también expresidente del CAH, Óscar García Castellanos.

Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por Fiscales de la Unidad de Casos de Alto Impacto y efectuada por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, esta es la primera de cuatro líneas de investigación en la cual se ha determinado que el monto del delito por parte de los acusados asciende a más de 40 millones de lempiras.

Desfalco –que según las pesquisas- se produjo en dos periodos continuos del 2008 al 2012, cuando Castellanos y Mejía Santos de forma respectiva, presidieron la organización de los togados y en la que se concluye que se cambiaron de forma fraudulenta más de 200 cheques por un valor de más de 200 mil lempiras cada uno, mismos que eran cambiados por los exempleados del CAH.

La emisión de los cheques la realizaban a nombre de los capturados y de falsos beneficiarios, quienes los cambiaban por concepto de seguros de vida y por supuestos fallecimientos de algunos agremiados.

Luego de estas acciones, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, efectúan 15 aseguramientos de bienes inmuebles que abarcan residencias, terrenos, además de 12 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.

Cabe señalar, que a Olvin Mejía, Pastor Valladares, Oscar Casco, Francisco Valladares, Héctor Andino, Santos Alvarenga, Roberto Romero y Josué Argeñal los remitieron al Centro Penitenciario de Támara y a Rossel Euraque al Centro de Detención Militar «Fuerte Cabañas».