Tegucigalpa. Francisco Morazán. En el marco de la Operación Némesis VIII, el Ministerio Público inspeccionó y extrajo información y data digital en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) donde se investiga la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018, por el que finalmente se condenó al Estado de Honduras al pago de más de 37 millones de dólares ($37,115,352.99) sumado a las costas procesales.

Los investigados por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) son Jesús Arturo Mejía (exgerente) y otras personas no mencionadas en la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), resultando necesario para los fiscales coordinar con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la ampliación de diligencias en relación al periodo desde que se suscribió el contrato de generación de energía térmica en La Ceiba y hasta que la millonaria indemnización por daños y perjuicios jugó en contra de la ENEE.

De manera que, el caso en investigación podría ir más allá de una presunta prevaricación administrativa y comprendería un posible fraude (con autores y cómplices necesarios) y violación de los deberes de los funcionarios o abuso de autoridad; no obstante, determinar responsabilidades penales responde a criterios objetivos y con fundamento en pruebas, como es característico en todos los procesos entablados por el Ministerio Público.

Por otra parte, en Némesis VIII que se ejecuta a nivel nacional, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la ATIC, acusó al director del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula (hasta 2010), José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.

El exfuncionario, en el año 2004, hizo caso omiso a una orden judicial acerca de la prohibición de celebrar actos y contratos sobre las acciones que una corporación mantenía en cuatro consorcios, irrespetando la medida precautoria e inscribiendo la protocolización de actas de una de las empresas emanadas desde Georgia, Estados Unidos.

Otras acusaciones de la FETCCOP son por actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP), promovidas contra Víctor Antonio Andrades García, ex registrador de La Ceiba, Atlántida y contra Edson Roberto Laboriel, ex oficial civil de Trujillo, Colón.

De su lado, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC investigan hechos por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, concusión (solicitud de dinero), falso testimonio, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos, supuestamente cometidos por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula y que están relacionados a declaraciones forzadas de testigos, decomisos de armas y detenciones al margen de la legalidad.

Además, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) de Tegucigalpa interpuso 128 requerimientos fiscales por violencia por razones de género y desobediencia a sentencias en materia de violencia doméstica, en tanto, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEPETNIASPC) impulsó acusaciones por daños al ambiente ocasionados por particulares en la comunidad garífuna San Juan en Tela, Atlántida, concretamente, en la Laguna de Los Micos, así como por amenazas a miembros de comunidades lencas de La Paz.

Con la Operación Némesis VIII, el trabajo de todas las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la ATIC y otras dependencias, permitirá dar mayor respuesta ciudadana y alcanzar mejores resultados en el combate al crimen común y organizado, objetivos institucionales esenciales.