Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Luego que la Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos solicitara una auditoría forense a la Inspectoría General del Servicio de Administración de Rentas (SAR), una empresa de abarrotería en general canceló L 49,104,907.62 por concepto de impuestos al Estado.

El informe procedente del ente estatal (SAR), indicaba que el importe dejado de percibir se desglosaba de la siguiente manera: por concepto de impuesto sobre ventas L 21,732,107.18, por impuesto sobre la renta L 22,494,874.73 y de aportación solidaria L 4,449,413.83.

Cabe destacar que el Código Tributario establece en su artículo 167 que si la empresa realiza el pago de los montos adeudados al Estado, inmediatamente el Ministerio Público prescinde de la acción penal pública, esto se debe de aplicar en todos los casos a petición del imputado.

La Fiscalía Especial Contra los Delitos Tributarios, es un ente técnico-jurídico que se basa en pruebas fehacientes y contundentes, mismas que se generan de las auditorías que de forma profesional son remitidas por la Inspectoría General del ente encargado de ver el tema de la recaudación fiscal de la nación.

Fruto de los cánones pagados por los contribuyentes, el Estado pone en práctica políticas públicas que son redireccionadas a las necesidades más trascendentales del país como ser construcción de carreteras, hospitales, adquisición de medicamente, entre otros.