Tegucigalpa, Francisco Morazán.– En seguimiento al caso relacionado al clan Barralaga, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) acudirá el próximo 31 de agosto al comienzo del juicio de privación de dominio de 122 bienes de origen ilícito de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, implicados en un caso de lavado de más de cuatro mil trescientos millones de lempiras (Lps. 4,353,490,776.90).

La pareja fue identificada como socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera, condenado a ocho años seis meses de reclusión y a una multa de 705 millones de lempiras y quién es hijo del ex subcomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández, condenado a 10 años de reclusión y a una multa de 114.9 millones de lempiras.

Las capturas de José Arístides Flores Nájera y Waldina Lizzette Gavarrete Ortega las ejecutó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 11 de noviembre de 2019 en La Ceiba, Atlántida, en el marco de la Operación Perseo II, siendo sobreseídos posteriormente en razón de las reformas legislativas aprobadas el año anterior a la Ley Contra el Lavado de Activos.

Los bienes sobre los cuales el Ministerio Público pedirá una sentencia de comiso definitivo son: 22 inmuebles, 17 vehículos, 55 cuentas bancarias y 10 empresas.

De acuerdo a la investigación de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asignados a la UF-ADPOL, Flores Nájera y su esposa, en un periodo de 2003 al 2017, movieron en sus cuentas bancarias alrededor de cinco mil millones de lempiras, dentro de esa cifra sin poder justificar más de cuatro mil millones de lempiras.

El Ministerio Público ha logrado establecer un vínculo financiero directo entre los acusados y Barralaga Rivera, constatando que a través de la sociedad denominada Marino´s Pescadería les compraba combustible, más otras transacciones financieras entre sí que luego de hacer el análisis financiero y patrimonial, resultaron en grandes incongruencias.

En ese sentido, luego del informe financiero y patrimonial elaborado por la Unidad de Análisis Financiero de la UF-ADPOL, se establece que los productos financieros, bienes obtenidos e inversiones realizadas, provienen de actividades ilícitas de los acusados.

Cabe destacar, que José Arístides Flores Nájera, ya había sido sentenciado por el delito de tráfico de drogas en su grado de ejecución de tentativa y recuperó su libertad condicional en el año 2002 del Centro Penal de La Ceiba, cuyo director penitenciario era el ex subcomisionado de Policía Jorge Alberto Barralaga Hernández, considerándose, por este y otros aspectos revelados en la investigación, que el tráfico de drogas es el delito precedente al lavado de activos.

A esto se suma el hecho que, en el juicio de Barralaga Hernández, fiscales de la UFADPOL y agentes de la ATIC, demostraron las conexiones del ex alto oficial de policía, con los narcotraficantes Alexander Ardón, Orlando Pinto Espino y Wilter Blanco e incluso con el cartel de los hermanos Valle Valle.

Como se recordará, el Ministerio Público ha ejecutado cuatro fases de la Operación Perseo, siendo en Perseo IV nueve bienes inmuebles y cuentas bancarias que oscilan en los 1.4 millones de lempiras, puestos bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y los aseguramientos tuvieron lugar en las ciudades de Sonaguera, Sabá y Bonito Oriental, departamento de Colón, el 14 de junio de 2021.

Adicionalmente, el 30 de noviembre de 2020, se ejecutó la Operación Perseo III en la que se capturó a otro socio de Barralaga Rivera de nombre José Antonio Interiano Contreras, señalado del delito de lavado de activos y quien no pudo justificar más de 154 millones de lempiras y por ello se solicitó la privación definitiva del dominio sobre 308 de sus bienes.

En cambio, en noviembre de 2019, como ya se ha señalado, se ejecutó la Operación Perseo II contra José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega.

En Perseo I, de su lado, se realizaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017 los primeros aseguramientos al Clan Barralaga que ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles, productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que resaltan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al ex alto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.

Los otros implicados en el caso son: Montse Paola Fraga (condenada a 10 años de reclusión y multa de 27.9 millones de lempiras, esposa del narcotraficante Wilter Blanco Duarte), José Santiago Barralaga Hernández (arresto domiciliario, hermano del ex jerarca policial), Reyna Elizabeth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Barralaga Hernández), Edith Xiomara Roca Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos, esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).