Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), consiguió que un juez anticorrupción decretara auto de formal procesamiento en contra de seis de los siete involucrados en un último caso judicializado por corrupción a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en relación a la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19.

Los exfuncionarios procesados son Marco Antonio Bográn Corrales (director), Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general) y Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como las empresarias Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlas responsables del delito de fraude a título de cooperador necesario.

El séptimo acusado de fraude y quien se encuentra prófugo de la justicia es Juan José Lagos Romero, propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya.De acuerdo a la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.

Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que INVEST-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.

Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras (L.50,836,500.00) y luego por un valor superior a las 39 millones de lempiras (L. 39,396,000.00), siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras (L. 37,989,000.00).

Todo lo anterior, la UNAF lo probó ante el Circuito de los Juzgados Anticorrupción, con 29 medios de prueba, siendo 26 documentales, tres periciales y uno evidencial, decidiendo el juez que Bográn continúe con prisión preventiva y otorgando a los demás medidas diferentes a prisión.