Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) logró este jueves una sentencia de privación definitiva de dominio de bienes considerados ilícitos en el sonado caso “Caja Chica del Hermano”.

Se trata de propiedades de Ramón Lobo Sosa, ubicadas en la aldea Silín, municipio de Trujillo, departamento de Colón, cuya área registral es de 559. 08 manzanas de tierra con un valor equivalente de 13 millones 977 mil lempiras (L.13,977,000.00).

De acuerdo a la relación de hechos, el 1 de febrero del 2010 mediante acuerdo N° 65-2010 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia fue nombrado el Secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, Wilfredo Cerrato Durón, que estuvo en el cargo hasta el 2014. Como parte de sus facultades, el 21 de enero del 2011, procedió a la apertura, entre otras, de las cuentas siguientes: a) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración con el propósito de pagar nominas/planillas y b) Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, con el propósito de cubrir gastos en el tema de seguridad, con un monto inicial de 40 millones de lempiras.

Por otro lado, Ramón Lobo Sosa, en su condición de hermano del entonces Presidente de la República de Honduras, recibía seguridad de la Guardia de Honor Presidencial y tenía asignados 11 elementos militares.

Como resultado de la investigación, se logró identificar que entre el año 2010, hasta enero del 2014, el imputado Wilfredo Cerrato libró de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Administración, por lo menos 12 cheques; y de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, por lo menos 72 cheques, todos a razón de 100,000 lempiras cada uno: 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Omega 1; y 30 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Alpha 1, sumando un total de 8,400,000 de lempiras.

Es importante destacar que ninguno de los dos beneficiarios, Omega 1 y Alpha 1, mantuvo dentro del período investigado relación laboral, comercial o contractual con el Estado de Honduras, por lo que la emisión a su favor de esos cheques carece de respaldo legal.

El encargado de la recolección mensual de los cheques era quien posteriormente ordenaba a los beneficiarios de los mismos el respectivo endoso, para luego depositarlos en su Cuenta de Cheques personal. Al momento de ordenar el endoso de los cheques, justificaba su emisión para gastos de alimentación y limpieza de los miembros de la Guardia de Honor Presidencial que le brindaban seguridad, por su condición de hermano del presidente.

El Auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas explicó que el responsable de la alimentación y vestuario es el Estado Mayor Conjunto. En este caso específico, el Estado Mayor Conjunto se encargaba de proporcionar al personal que le brindaba seguridad, alimentación y alojamiento y si necesitaba movilizarse a otro sector del país, a dicho personal se le otorgaban gastos de viáticos a través de la Administración General de Casa Presidencial, previa solicitud de la Guardia de Honor Presidencial.

Las transacciones o movimientos de la cuenta registrada a nombre del imputado Ramon Lobo Sosa son numerosas y, durante las fechas en las que los cheques girados a favor de Alpha 1 y Omega 1 fueron depositados, la cuenta reflejaba saldos importantes de sumas de dinero, por lo que se generó mezcla de capitales, lo cual se produce al sumar los fondos propios derivados de la actividad comercial a que se dedica el titular de la cuenta y los fondos provenientes del erario público, mediante el depósito de por lo menos de los 84 cheques a que se ha hecho referencia.

La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC- MP), ahora UFERCO, con el apoyo técnico de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA), presentó ante el juez natural de la Corte Suprema requerimiento fiscal en el caso «Caja Chica del Hermano» contra dos imputados por los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

Posteriormente, se amplió el requerimiento fiscal contra ellos por los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos, por cuanto, durante la audiencia inicial que se realizó en la Corte Suprema, los fiscales de UFECIC-MP sostuvieron que después del requerimiento fiscal presentado el 6 de noviembre de 2018, se recibió nueva información relevante que aumentó sustancialmente la cantidad de cheques emitidos y la cantidad de los fondos públicos apropiados, que ascienden a la suma de 13,728,000 de lempiras.

Luego, Lobo Sosa y Cerrato fueron sobreseídos, no obstante, la UFERCO interpuso un recurso de amparo que recientemente fue admitido pero no ha sido resuelto y además mantuvo la causa contra sus bienes en los juzgados de privación de dominio.

Ahora, con el juicio de privación realizado y sentencia obtenida por la UFERCO, por la figura de bienes equivalentes, se logra recuperar a favor del Estado de Honduras el dinero sustraído de las cuentas de cheques a nombres de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial y Guardia de Honor/Administración, en el período comprendido de 2010 a enero de 2014.