San Pedro Sula, Cortés. Fiscales adscritos a la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor en audiencia de estricta conformidad obtuvieron un fallo condenatoria por parte de autoridades judiciales competentes en contra de los hermanos Joan Josué y Eder Edgardo Bajurto Baide por el delito de abandono de persona desvalida en perjuicio de su madre, en ese sentido, los hermanos Bajurto Baide cumplirán una pena de un año de reclusión más las penas accesorias y desde luego deben cumplir reglas de conductas.

Por otra parte, también se dictó sentencia condenatoria en contra de un comerciante responsable del delito de contrabando quien debe pagar al Estado de Honduras por concepto de multa más de 23 millones de lempiras.

En ese sentido, la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios (FE-CDT), en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo una condena en contra de Raymundo Lara Lara a quien se le dictó una pena de cuatro años de reclusión y el pago de una multa de 23 millones 896 mil 433 lempiras con 81 centavos tras comprobarse que cometió el delito de contrabando.

Mientras que, en el caso contra Marvin Leonel Lara Melara y Gilberto Edmundo Lara Aguilar ambos fueron condenados a la pena de cuatro años de reclusión y al pago de una multa de 400 mil lempiras luego de habérseles declarado culpables del delito de cohecho cometido a particulares.

A los tres sentenciados se les vinculó a la introducción de manera ilegal de 524 cajas de cigarros de la marca “Modern” y 25 cajas de cigarros de la marca “Marshal” cuya venta y distribución en el territorio nacional es prohibida.

Por su parte, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, en audiencia inicial logró que se dictara la medida de prisión preventiva contra Manuel de Jesús López Martínez sospechoso del delito de otras agresiones sexuales calificadas agravadas y violación calificada agravada.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo una condena en contra de José Luis Velásquez Hernández quien debe cumplir una pena de siete años con diez meses de reclusión por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, desafortunado hecho que ocurrió el doce de diciembre de 2020 en la colonia “Mi Esperanza” del sector de Chamelecón en San Pedro Sula.