Tegucigalpa, Francisco Morazán.- La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ofertó en audiencia de proposición de pruebas, elementos probatorios útiles, pertinentes y proporcionales en la causa instruida contra Eduardo Mauricio Durán Durón alias «Goyo», Yenser Isaí Moncada Girón alias «Yenser», Nelson Eduard Girón Raudales alias «Necho» y Walter Conrrado Rodríguez Martínez.
Los cuatro imputados, presuntos miembros de la Pandilla 18, son acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Santos Alfonso Varela Meza (52) y otros derechos fundamentales.
En la audiencia, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional admitió y convalidó todos los medios de prueba presentados por agentes de tribunales de la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales de la FEDCV, entre ellos: testificales, documentales y científicos.
Asimismo, señaló audiencia de juicio oral y público para el 16 de mayo de 2022.
En esta misma causa, también se encuentra privado de libertad Franklin Daniel Guzmán, contra quien el Ministerio Público formalizará acusación el próximo martes 25 de enero del presente año, fecha en que se celebrará su audiencia preliminar.
De acuerdo a la relación de hechos, la víctima fue atacado dentro de su unidad de transporte por Franklin Daniel Guzmán Vásquez, quien hizo señal de parada y cuando se conducían a la altura del sector conocido como el Guayabo, éste sacó su arma y comenzó a dispararle en varias ocasiones, tal y como habían planificado todos los procesados.
Enseguida, la víctima fue trasladada hacia la cuarta Estación de Bomberos de la Colonia El Carrizal, sin embargo, perdió la vida durante el trayecto.
Esto ocurrió el 19 de diciembre de 2019 en San José de Soroguara, periferia norte de la ciudad capital.
El móvil habría estado relacionado a un interés de imputados por tomar el control del territorio y de las rutas de transporte del sector, de quienes el ahora occiso y su familia recibieron amenazas el mismo día que se perpetró el crimen.
La víctima era dueño de un autobús y sus parientes tenían otras cuatro unidades de transporte, pero solo dos trabajan en ese corredor del Distrito Central, debido a las constantes amenazas de los sindicados, que son los propietarios de las mototaxis de la zona.