Tegucigalpa, Francisco Morazán. Fiscales adscritos a la Unidad Contra los Delitos Electorales y elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras la interposición en las últimas horas de cuatro requerimientos fiscales por la supuesta comisión del delito de falsificación de documentos electorales lograron hace unos minutos la ubicación y posterior captura de la ciudadana Vanessa Lisbeth Hernández Aguilar.
En atención al desarrollo del proceso penal en su contra, las autoridades fiscales y policiales pondrán a disposición de un juez competente a Hernández Aguilar a efecto que se desarrolle la audiencia de declaración de imputado en las próximas horas, la ciudadana supuestamente cometió el delito luego de valerse de su condición de miembro de la Junta Receptora de Votos número 10414 instalada en el centro de votación ubicado en la escuela “ Vida Abundante” en la capital y en la cual tuvo cargo como secretaria propietaria y representante del Partido Nacional.
Como se sabe, también en las últimas horas fueron capturados y puestos a la orden de los tribunales de justicia los ciudadanos: Orestes Rocío Casula Vásquez, contra quien, el juez que conoce del expediente judicial resolvió dictar la medida de detención judicial, fijando como fecha para la audiencia inicial el próximo 17 de enero en horas de la mañana, Casula Vásquez se desempeñó como secretaria propietaria de la Junta Receptora de Votos No 8844 en representación además del Partido Nacional y en el centro de votación ubicado en el instituto “Técnico Cultura Popular”.
También fue capturado Rossel Dagoberto Cárdenas Gómez quien se desempeñó como presidente miembro de la Junta Receptora de Votos No 10331 del centro de votación ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas en la capital, contra este ciudadano el juez competente dictó medidas distintas a la detención judicial, específicamente los numerales 5,6 y 7 del artículo 173 del Código Procesal Penal.
En total son diez las personas que tienen en su haber procesos penales por la supuesta comisión de delitos electorales, cuatro de ellas, fueron capturadas en atención a una orden judicial, aún están pendientes el libramiento de más órdenes de captura y la ejecución de las mismas, entre tanto, el Ministerio Público continua con diligencias de investigación de las denuncias que aún se tramitan administrativamente.