San Pedro Sula, Cortés. Agentes de tribunales ejecutan diligencias investigativas encaminadas a esclarecer denuncias por supuestos actos de corrupción, así como la recopilación de indicios y evidencias que permitan identificar a personas ligadas a delitos contra la vida y abusos sexuales.

Dentro de las acciones, sobresalen las diligencias que la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ejecuta con personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en Tocoa y Sonaguera, en el departamento de Colón.

La FETCCOP investiga y realiza la toma de declaraciones en casos denunciados por supuestos actos irregulares en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en San Pedro Sula y en el Instituto de la Propiedad (IP).

Los agentes de tribunales con el equipo especial de la ATIC, también desarrollan diligencias investigativas en la municipalidad de Yoro donde verifican la posible existencia de doble facturación en perjuicio de los contribuyentes.

Dentro del proceso de investigación se le tomó declaración en calidad de testigo a la alcaldesa Diana Urbina, a la tesorera municipal Zuni Argentina Grijalva y a la asistente de tesorería, Telma Cristina Meza Urbina.

Las diligencias se extienden a la municipalidad de San Pedro Sula donde se investiga un posible delito de abuso de autoridad derivado del supuesto otorgamiento, de manera irregular, de un terreno ubicado a la aldea Armenta.

Mientras que, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia, en conjunto con la ATIC, realizan una serie de diligencias para recabar indicios y evidencias que permitan esclarecer e identificar a personas ligadas a diferentes hechos criminales y a delitos de abuso sexuales.

Por su parte, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), en audiencia de procedimiento abreviado logra la condena contra Mártir Alexis Sánchez Maradiaga por el delito de explotación ilegal de recursos naturales y quien debe cumplir una pena de dos años con tres meses de reclusión, más las penas accesorias y el pago de una multa de 225 días de salario mínimo.