Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) adscrita al Ministerio Público interpone en estos momentos un requerimiento fiscal que incluye a varias personas acusadas por los delitos de fraude y falsificación de documentos a quienes supuestamente de forma irregular les inscribieron extensas cantidades de terreno en la zona que comprende el Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas Fernández”.

De acuerdo a la investigación de la UFERCO, a inicio del año 2011 se gestó una red de corrupción pública conformada por funcionarios del Instituto de la Propiedad y por la Dirección General de Regulación Predial, entidad creada de forma temporal el 11 de enero de 2010 precisamente para la inscripción irregular de predios o tierras nacionales y que fue objeto de reformas para eliminar la limitante de poder inscribir áreas mayores a las cinco hectáreas.

Es así que entre el 30 julio y el 15 de agosto de 2013 se presentaron 14 solicitudes de Regularización Predial de igual número de bienes inmuebles, mediante el mecanismo del Equiparamiento al Dominio Útil la ocupación por más de 10 años y su consolidación a Título en Dominio Pleno, todos los predios situados en la aldea El Tigre, Tela, Atlántida.

Las 14 solicitudes para igual cantidades de titulares de derecho, fueron presentadas por dos profesionales del derecho, siete cada uno, trámite efectuado ante la Dirección Noroccidental de Regulación Predial.

Se constató que en cada uno de los expedientes se acompaña constancia de la Situación Catastral y el plano del predio, todas con fecha del mes de noviembre de 2009 y firmadas por el jefe de Catastro y Geografía de ese momento, en esos documentos se identificó que tienen el mismo formato, impresas en papel común, no se asignó clave catastral ni hace referencia al nombre del sitio de naturaleza nacional y en las que se afirma que los predios no se encuentran comprendido en el artículo 71 de la Ley de Propiedad que regula zonas sujetas a regímenes especiales.

Para acreditar la posición quieta, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años de los predios, se utilizaron seis testigos, a quienes se les tomó declaración el 14 de agosto de 2013 por parte del Secretario General del Centro Regional de Regulación Predial, entre otras diligencias por funcionarios de la Oficina de Regulación Predial y posteriormente el 18 de septiembre de 2013 se emitió el Dictamen Legal pero sin firma y los dictámenes adjuntos firmados por auxiliares jurídicos, donde dicen que es procedente titular de dominio pleno a favor de los solicitantes y ordena se remitan las diligencias a la Secretaría del Centro Regional de la zona Noroccidental para la regulación predial.

De manera que entre el 18 y 19 septiembre de 2013, aún y cuando ocho de los dictámenes legales no estaban firmados se procedió a emitir las 14 resoluciones todas firmadas por Roberto Alonso Matute Vásquez (QDDG) coordinador del Centro Regional de Regulación Predial y el 25 y 26 de septiembre se extendieron las certificaciones de las resoluciones, a fin de ser inscritos como títulos.

Las 14 certificaciones de las resoluciones fueron presentadas el 31 de octubre de 2013, para su inscripción en el Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, por uno de los abogados que presentó siete de las 14 solicitudes ante Dirección Noroccidental de Regulación Predial.

De lo anterior, luego de las investigaciones, la UFERCO considera que existió confabulación de funcionarios públicos, abogados y otros involucrados para apropiarse de tierras nacionales, puesto que estas personas como titulares de derecho nunca estuvieron en posesión de los predios y más tratándose del Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas Fernández”