Tegucigalpa, Francisco Morazán. La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural en representación de los intereses generales de la sociedad y específicamente de las comunidades indígenas y afro descendientes tras la interposición de un recurso de casación por quebrantamiento de forma logró que la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordene la repetición del juicio oral en contra del ex miembro del Primer Batallón de Ingenieros Kevin Yasser Saravia Ortiz a quien se le supone responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.
Saravia Ortiz ya cumple una condena de 16 años de cárcel por el homicidio de Tomás García Domínguez, el juicio que se desarrolló además suponía lograr una sentencia condenatoria por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del joven Allan Evey García Domínguez, hijo del occiso y también miembro de la comunidad indígena lenca, no obstante, la resolución del tribunal que conoció de los hechos fue contraria a la pretensión del Ministerio Público, declarando la responsabilidad penal de Saravia Ortiz por el delito de lesiones en perjuicio de Allan Evey García.
Por lo anterior, la Fiscalía presentó el recurso de casación respectivo siendo admitido y resuelto por unanimidad de votos de los magistrados que integran la Sala de lo Penal, en ese orden de ideas declara “Firme y ejecutable la sentencia condenatoria dictada en contra del señor Kevin Yasser Saravia Ortiz por el delito de homicidio simple en perjuicio del señor Tomás García Domínguez, anula parcialmente la sentencia de fecha quince de enero del 2016 dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque” describe la sentencia.
Además, manda que “se proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del señor Kevin Yasser Saravia Ortiz por el delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Allan Evey García Domínguez en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha quince de enero del año 2016” precisan los magistrados.
Los hechos que motivaron estas acusaciones por parte del MP y que fueron debidamente probados tuvieron lugar el pasado quince de julio del 2013 en el lugar conocido como “ El Barrial”, Río Blanco, jurisdicción del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá a inmediaciones de la Empresa “Desarrollos Energéticos” (DESA), Proyectos Hidroeléctricos “Agua Zarca” cuando miembros del Comité de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH) se manifestaban y protestaban por supuestas acciones irregulares de los referidos proyectos.