Tegucigalpa, Francisco Morazán. Las autoridades de la Dirección de General de Medicina Forense (DGMF) recientemente realizaron una gira de trabajo por diferentes localidades, específicamente en la ciudad de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

En los diferentes sitios, hubo oportunidad de centrar la atención en las coordinaciones necesarias para continuar con el impulso de las readecuaciones físicas de las instalaciones donde funcionan los servicios de patología forense, objetivo éste que es incondicionalmente apoyado por la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) del gobierno de los Estados Unidos de América.

En ese orden de ideas, las partes, buscan fortalecer las capacidades ya instaladas de los servicios que se brindan a la población y por supuesto poner en marcha en Santa Rosa de Copán la propuesta de atención a la población cuando sea necesaria la práctica de una autopsia médico legal o la práctica de otras pericias, según reportes, hay significativos avances para el logro de este compromiso con el pueblo.

INL ha confiado sus recursos al MP en varias áreas de trabajo, de forma oportuna e incondicional ha dado el seguimiento respectivo a los acuerdos entre las partes para el logro de los objetivos propuestos, apoyo que ha reiterado en el marco de esta actividad en la cual estuvieron presentes el Ingeniero Eduardo Barahona Manager INL/USA, Ana Cárcamo asistente INL, doctor Ismael Raudales, Director de Medicina Forense, Eva Nazar jefe del Departamento de Cooperación Externa del MP, Erick Robledo Sub Director de Administración del MP y el ingeniero Eduardo Alvarado del Departamento de Infraestructura y Desarrollo Físico del MP.

La visión de la DGMF sigue siendo ampliar la cobertura de sus servicios para poder llegar a las poblaciones y garantizar una atención de calidad pero sobre todo que dignifique la persona humana, en consonancia con ello se hacen los esfuerzos pertinentes para ejecutar las actividades que garanticen la protección y defensa de los intereses generales de la sociedad, tomando en cuenta que el aporte de la prueba científica es indispensable para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la reducción de la impunidad.