176 detenidos y 327 requerimientos fiscales a nivel nacional

Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público ejecutó en todo el país la segunda etapa de la Operación Tormenta de Fuego, cuyos resultados hasta el momento se traducen en 176 capturas, 327 requerimientos fiscales, 93 allanamientos, 18 acciones de secuestro de documentos, seis cierres de negocios, más de medio millón de lempiras incautados y una considerable cantidad de decomisos de armas, droga, vehículos, producto pirateado, fauna y producto forestal.

Dicho esfuerzo fue liderado por las Fiscalías Regionales, Fiscalías Especiales, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio Público y el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Publico(PMOP), las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

Las capturas se efectuaron de la siguiente manera: 32 por la Fiscalía Regional del Norte, 19 de la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico, 29 de la Fiscalía Regional de Oriente, 17 de la Fiscalía Regional de Occidente, 13 de la Fiscalía Regional de Olancho, 31 de la Fiscalía Regional de Comayagua, 9 de la Fiscalía Regional del Sur y 26 de las diferentes Fiscalías Especiales adscritas a la Sede de Tegucigalpa.

En materia anticorrupción se secuestraron documentos en las alcaldías de Valle de Ángeles, Guanaja y Aguanterique, instituciones públicas como en el IP, INSEP, ANAPO y COBRAS, entre otras, así como se siguieron investigaciones técnicas en el Trans 450. El exalcalde de Campamento, Oscar Octavio Torres Paz también fue capturado por Enriquecimiento Ilícito.

Además, se decomisaron documentos en los Juzgados de Choluteca, Nacaome, San Lorenzo, Goascorán, Yoro y La Ceiba, al igual que en la Fiscalía de El Progreso y en el Centro Integrado de La Ceiba. En la zona sur las intervenciones se deben a investigaciones por la contratación irregular de parientes del exconcejal Teodoro Bonilla.

Respecto a la protección de derechos humanos, se visitaron cárceles, se oficializó la apertura de la oficina fiscal de denuncias en el Hospital Escuela Universitario (HEU) y se produjo el lanzamiento de la campaña “Tu Vida, Tus Derechos”. También se acusó a la Directora del PNFAS, Mariza Castejón y a dos coroneles de las Fuerzas Armadas, Manuel Peraza y Héctor Tercero.

En tanto, en temas de niñez se realizaron operativos contra la explotación laboral infantil, vulneración de derechos y mendicidad, mientras que en favor de la mujer se llevó a cabo una labor de prevención en materia de género, violencia doméstica, intrafamiliar y contra la trata de personas en escuelas y colegios.

Referente a la tutela de los derechos del consumidor y adulto mayor se judicializaron casos de estafas en proyectos habitacionales y se hicieron inspecciones en hoteles, restaurantes, hospitales privados y plantas artesanales de productos lácteos donde se verificaron temas de higiene y el cumplimiento de descuentos a la tercera edad. Cabe señalar que al menos 6 negocios fueron cerrados temporalmente.

Los derechos de los pueblos indígenas garífunas, lencas y tulipán fueron resguardados mediante una serie de inspecciones para el esclarecimiento de denuncias por discriminación, desplazamiento y atentados en su contra.

Para combatir los delitos tributarios se llevaron a cabo operativos conjuntos con la Fuerza Maya Chortí y se realizaron inspecciones en diferentes aduanas terrestres, al tiempo que en materia de propiedad intelectual se decomisaron productos pirateados o falsificados en diferentes establecimientos comerciales.

En torno al trabajo en favor del medio ambiente, se desarrollaron diversas actividades operacionales dirigidas a combatir el tráfico de fauna y producto forestal, como numerosos retenes, puntos de control carretero e inspecciones en negocios de venta de mascotas.

Finalmente, el combate al narcomenudeo, tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas, asesinato, homicidio y otros flagelos fueron atacados con los intensos allanamientos y saturaciones a nivel nacional. Más de medio millón de lempiras se decomisaron.

Es así que la Fiscalía General de la República quiere reiterar que con este seguimiento de la Operación Tormenta de Fuego se hace el mejor esfuerzo con el fin de deducir responsabilidad a aquellos que actúan al margen de la ley, por lo que se insta a la ciudadanía a colaborar con las autoridades correspondientes.

Si alguna persona quiere denunciar algo a la Agencia Técnica de Investigación Criminal puede llamar al teléfono 3292-6496 (claro) y a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico al (800) 2221-8263, (800) 2252-4109, 9940-2222 (tigo) y 3140-2222 (claro).