Condena para incendiario de alcaldía de Las Vegas, Santa Bárbara

Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La Unidad Fiscal de Apoyo a Policía Militar y FUSINA obtuvo Sentencia Condenatoria de tres años de cárcel y las penas accesorias contra Orlando Rodríguez Cárcamo por el delito de incendio agravado en perjuicio de la Alcaldía Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara.

El ahora condenado deberá pagar su condena mediante trabajo comunitario a realizar en las instalaciones de la misma alcaldía que incendió, al igual que lo hicieron los otros implicados ya condenados en este caso identificados como Romario Flores Castillo, Lourdes Portillo Meza, Karla Patricia Mejía Jimenez, Wendy Yamileth Mejía Jimenez, Oneyda Yamileth Avelar Gómez, Sergio Hidalgo Amador Castellanos, José Augusto Rivera Castellanos, Elvis Donaldo Reyes y Ariel Murcia Pinto.

La sentencia se obtuvo después que el encausado solicitara aplicación de un procedimiento abreviado, herramienta jurídica mediante la cual éste aceptó haber cometido el incendio en el recinto municipal, ello ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara.

De acuerdo al expediente investigativo, el 18 de junio de 2018, entre las nueve de la noche y tempranas horas del día siguiente, en la municipalidad de Las Vegas, un grupo aproximado de cuarenta personas, entre ellos los ahora condenados, pronunciando consignas y portando piedras, palos, botes con combustible y llantas, procedieron a tomarse las instalaciones de la alcaldía provocando daños significativos al edificio edilicio.

Además de incendiar el inmueble, entre los daños reportados se describe la destrucción de documentación y el daño de mobiliario, cuadros y diplomas, manchar las paredes, romper puertas, quebrar vidrios y destruir vehículos y equipo de oficina y se sustrajeron bienes muebles propiedad de dicha alcaldía.

Todos los acusados fueron identificados plenamente de participar en el incendio de las oficinas de la alcaldía, lo que fue confesado incondicionalmente por cada uno de ellos por medio de su representante legal.

La investigación fue dirigida por el Ministerio Público y realizada por agentes de investigación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).