Fiscalía Especial de Medio Ambiente obtiene dos sentencias condenatorias y un auto de formal procesamiento

Tegucigalpa, Francisco Morazán. En aras de darle una respuesta a la sociedad en el campo ambiental, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA), obtiene dos sentencias condenatorias y un auto de formal procesamiento por diferentes delitos.

Según el informe investigativo, el pasado 25 de febrero de 2021, el señor Delis Rodas Barrientos venia en la carretera, que de San Buenaventura conduce a Tegucigalpa y al hacérsele una inspección en el carro que se conducía, se encontraron 35 sacos de nylon, con aproximadamente 3,740 libras de carbón.

Por medio de un procedimiento abreviado, Rodas Barrientos, acepto la responsabilidad de los hechos, fue así que se le condenó por la comisión del delito de explotación ilegal de recursos naturales a 2 años tres meses, más una multa de 225 días. En este sector, se realizan constantes operativos móviles por ser una zona en donde se comercializa el carbón.

Por la misma vía del procedimiento abreviado, la FEMA también obtiene sentencia condenatoria, a dos años tres meses contra Carlos Alexis Galeano, a quien se le encontró en posesión de 630 piezas de caoba, cedro y pino, equivalentes a 9,786, de pies tablares, con un valor en el mercado de aproximadamente L 400,000.00

Esta condena se obtuvo tras la inspección en una carpintería, ubicada en el barrio San José, en Catacamas, Olancho. A Galeano se le solicitó la documentación de soporte, pero en ningún momento presentó guías de movilización o facturas que justificaran la procedencia legal de la madera.

En otro resultado de esta fiscalía se reportas el auto de formal procesamiento con medidas contra Mario Suarez Cerrato, jefe local del Instituto de Conservación Forestal (ICF), de El Porvenir, Francisco Morazán, por suponerle responsable de la comisión del delito de violación a los deberes de los funcionarios.

La investigación, dirigida por la FEMA, arrojó que Suarez Cerrato, firmaba licencias de aprovechamiento no comercial a la Unidad Municipal Ambiental de San Ignacio, Francisco Morazán, sin que estas cumplieran con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de las mismas.