FESCCO y ATIC logran condena de pareja involucrada en lavado de activos de más de 180 millones de lempiras
Tegucigalpa, Francisco Morazán. En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró la condena de la pareja conformada por Humberto Castañeda Aragón y Marianela Larios, quienes aceptaron haber cometido el delito de lavado de activos por más 180 millones de lempiras.
La pareja fue capturada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el 23 de octubre de 2019 en el marco de la Operación Parentela, mediante la cual se desarrollaron dos allanamientos, además del aseguramiento de 20 bienes muebles e inmuebles en San Pedro Sula, Cortés y en Yoro, Yoro.
Todos los bienes con medida de aseguramiento están ligados a una estructura criminal de lavado de activos transnacional, que de acuerdo a la investigación de Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, en un periodo de dos años (2012 – 2014) lavaron ciento ochenta y tres millones, cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta y dos lempiras (Lps. 183,461,052.31).
Asimismo, Fiscales Contra el Crimen Organizado y ATIC, lograron detectar depósitos efectuados a través de las sociedades mercantiles a ciudadanos colombianos, panameños y hondureños, a quienes les realizaron varios giros.
Los aseguramientos de esa operación consistieron en cuatro viviendas, tres sociedades mercantiles y 13 vehículos, propiedad de los sentenciados y que forman parte de una misma familia que ha incrementado su patrimonio de forma desmesurada.
Cabe destacar que la Operación Parantela se derivó de la detención del ciudadano Cristian Reynaldo Meléndez, quien fue requerido antes de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos y donde se le decomisó ciento treinta y tres mil dólares ($ 133,000.00) y cinco cheques por una suma total de ciento cuarenta mil dólares ($ 140,000.00).
La pena concreta de ambos imputados el juez la dará a conocer en los próximos días, misma que podría oscilar entre los 11 años tres meses y 15 años, de conformidad al beneficio de la aplicación del procedimiento abreviado.
